Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que la
convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para
el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía es un retroceso inaceptable
en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de
falta de transparencia y un atentado a la participación pública.
Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que la
convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para
el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía es un retroceso inaceptable
en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de
falta de transparencia y un atentado a la participación pública.
Las organizaciones ambientales
denuncian además que supone un peligroso precedente para otras comunidades
autónomas.
Aprovechando la
actual situación de excepcionalidad, el Parlamento de Andalucía ha convalidado
–con los votos de PP, Cs y Vox– el decreto aprobado recientemente por el
Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se desregulan numerosas
actividades económicas, se reduce la participación pública y se eliminan
garantías ambientales.
Para las principales
organizaciones ecologistas se trata de un auténtico despropósito que, con el
argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto
socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de
Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un
reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena.
La mayoría de estas
modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de
trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico
imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la
crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública
en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Estos
cambios legislativos y normativos pueden provocar importantes daños ambientales
y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación
urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos.
Entre las principales
modificaciones que afectan a cuestiones ambientales, destacan:
· Se amplían las actuaciones que se pueden
declarar de Interés Autonómico, lo que facilita su tramitación y aprobación,
como son: urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos,
embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales.
·
Se modifica la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes
urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de
cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas
garantías.
·
Se sustituyen los Planes Especiales y
Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de diversas
infraestructuras, canteras y minas por un mero informe. Se elimina así la
obligación de someter esos planes a Evaluación Ambiental Estratégica.
·
Se modifica la ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (GICA), sustituyendo el régimen de autorización ambiental
unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones
por el de calificación ambiental, con muchas menos exigencias, y que aprueban
los Ayuntamientos.
·
Modificación de la Ley del Sector Público de
Andalucía, para “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de
la Junta de Andalucía.
·
Se modifica el Reglamento que regula el
régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de
recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar
donde se encuentren.
·
Se modifica el Reglamento de Vertidos al
Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para
eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta
de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar.
·
Se modifica de la Ley de medidas frente al
cambio climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono
de productos y servicios.
Para Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, si las formas y
el momento de la aprobación son inaceptables, mucho más lo es el contenido y la
justificación del Decreto. Este es representativo de la forma en que la Junta
de Andalucía entiende que debemos actuar al salir de la crisis, desregulando
procesos que nos garantizan el buen funcionamiento de actividades y proyectos,
eliminando cautelas bajo el pretexto de agilizar plazos –cuando la falta de
agilidad administrativa es culpa del mal funcionamiento de la propia Junta de
Andalucía en muchas ocasiones–, eludiendo procesos de participación pública
–incluso en contra de los objetivos de leyes estatales y directivas
comunitarias– y, en definitiva, permitiendo el “todo vale”.
Estamos atravesando
momentos muy difíciles debido a las pérdidas personales y socioeconómicas
derivadas de la crisis del coronavirus. Es precisamente en estos momentos
cuando resulta vital un buen corpus administrativo y legislativo, como armazón
público que garantice los servicios y la salud de las personas y el
medioambiente. Esta reforma relaja las normativas de salvaguarda ambiental y de
otros sectores socioeconómicos vitales para Andalucía sin sacar ninguna lección
de la crisis que estamos atravesando.
Por estos motivos,
las principales organizaciones ambientales apoyan el anuncio del PSOE y
Adelante Andalucía de presentar un Recurso de Amparo ante el Tribunal
Constitucional contra este Decreto, con el fin de restituir las garantías
legales ambientales en Andalucía de los procedimientos ahora afectados por esta
modificación. Por su parte, ejercerán todas las acciones legales posibles en
ámbitos españoles y europeos para que una contrarreforma ambiental como la que
ha iniciado la Junta de Andalucía no se consolide.
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