Difícil ponerse a comentar lo
ocurrido esta mañana, y los días y semanas pasados, en el Congreso de
Diputados. Difícil, porque lo primero que me viene a la cabeza es «sonrojo,
vergüenza, perplejidad, enfado, irritación…»
Javier Aristu en Campo Abierto
Lo primero es que quiero dejar
claro que Unidas-Podemos, que no Podemos, tenía todo el derecho a exigir formar
parte de un gobierno de coalición con ministerios de peso político y, sobre
todo social y por supuesto no aceptar esa majadería inventada por el PSOE de
gobierno de colaboración.
Lo segundo es que, aunque puede
ser inútil hablar de culpables de lo que pasó el pasado jueves, y durante los
casi anteriores tres meses, sí es necesario establecer las responsabilidades de
aquellos que, en la primera línea de las negociaciones que el final de los
resultados del 28 de abril haya sido, en
palabras de Javier Aristu, tan incompresible y trágico, para la izquierda y,
sobre todo para las clases populares.
No voy a justificar en este caso,
y probablemente en muy pocos, al PSOE, nunca me fíe de quienes son de izquierdas
en campaña electoral o en la oposición y giran a, y se alían con la derecha en
cuanto tienen posibilidad de gobernar; nos lo demostró Felipe González en 1982
con la OTAN, en 1993 pactando con CiU (sí los catalanes de derechas) en lugar
de con una Izquierda Unida con la que podría adoptar medidas de izquierdas si
es que esa hubiera sido su línea, que no lo era. A todo ello, en este breve
repaso del izquierdismo del PSOE, habría que sumar el 135 y la reforma laboral
de Zapatero, el mismo que según los medios recomendó a Pablo Iglesias la
propuesta de las “medidas activas de empleo”.
Dicho esto, no podemos dejar de
las responsabilidades de unos y unas y otros y
otras a la hora de echar por tierra la oportunidad (que me niego a
calificar de histórica) de poner en marcha, aunque fuera mínimamente, políticas
que mejorasen las condiciones de vida de las familias trabajadoras de nuestro
país, y ello en base a lo que los electores, los ciudadanos, mandataron en las
elecciones generales del 28 de abril.
Como acertadamente ha señalado
Javier Aristu en su artículo “Pésimas noticias” publicado el 25
de julio en Campo Abierto, “lo ocurrido
esta mañana en la carrera de San Jerónimo no tiene nombre: ha mostrado una
incapacidad inmensa de las dos fuerzas políticas que se autodenominan de
izquierda o progresista a la hora de alcanzar un mínimo acuerdo para sacar
adelante la investidura del candidato socialista”.
No se trata hablar de
culpabilidades o de pecados a la hora de negociar, prosigue Aristu, para quien,
la capacidad de los negociadores es de gran importancia a la hora de alcanzar
acuerdos, y también los desacuerdos y los que han llevado el peso de este
proceso no son buenos negociadores. Ni de
un lado ni de otro, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo o Pablo
Echenique. Los dos primeros, al ser responsables políticos máximos de sus
fuerzas políticas —y Pedro Sánchez, además, candidato a la investidura—; pero
los otros dos, han sido los negociadores del primer nivel. Y creo que no lo han
hecho nada bien (Aristu).
Ello en una negociación llevada
en exclusividad por Podemos no porque Unidas Podemos no haya querido participar
si no porque Pablo Iglesias quería el control total de la misma. Ni unos ni
otros añado yo, unos por supremacía y otros por egolatría.
Indudablemente, la
responsabilidad mayor recae sobre el PSOE (partido que ganó las elecciones) y
Pedro Sánchez que, además de candidato y, por lo tanto responsable en conformar
una mayoría para su investidura. Un partido, un candidato y un equipo
negociador que, utilizando todos los medios a su alcance han intentado humillar
y someter a Unidas Podemos. Pero como esto no es nuevo, ya que ha sido siempre
su comportamiento hacia Izquierda Unida, no voy a entrar en esa
responsabilidad, algo que tendrán que debatir y exigir sus bases y sus
votantes.
Por eso, a riesgo de equivocarme,
me interesa más comentar las
responsabilidades de a quienes voté, por quienes hice campaña electoral y, por
lo tanto a quienes tengo derecho de exigírselas.
He oído y leído declaraciones de
dirigentes de Podemos; he recibido y leído con atención, el comunicado de la
Dirección Federal de Izquierda Unida (organización a la que pertenezco) Ni en
los primeros, ni el comunicado de IU he atisbado la más mínima autocrítica a
como se ha llevado el proceso negociador, ni la más mínima mención a que se
hayan cometido errores en el mismo. Autosatisfacción en Podemos y ausencia de
reconocimiento de errores en Izquierda Unida, aunque sí ha trascendido que esta
organización trasladó en su momento su disconformidad de cómo se estaban
llevando las negociaciones. En definitiva la culpa siempre es del otro.
Por parte de los dirigentes y
negociadores (los del PSOE no me importan) sólo se ha oído hablar de ministerios y vicepresidencias argumentando
que era la única garantía de poder llevar a término medidas progresistas. Me
asusta esa ignorancia las medidas las puede proponer un ministro o una
ministra, pero quien las adopta, o las propone como Ley al Congreso es el
Gobierno, tener un ministerio es bueno pero no les todo. Me asusta también que
se olvide la movilización social como fuerza dinamizadora, y en cierta medida
garantista, de esas mejoras para las clases populares.
Un gobierno de coalición es
habitual en países de nuestro entorno, pero el PSOE se ha negó a ello hasta que
no le quedaron cartas para seguir oponiéndose, pero los errores de Podemos le
facilitaron al final salirse con la suya.
Posiblemente me lo haya perdido nada, aunque
creo que no, de cómo reconstruir un
proyecto de país por muy comedido que fuese para la mayoría de españoles, o lo
que es lo mismo para las clases trabajadoras.
Por parte de los negociadores de Unidas
Podemos no he oído ni leído nada, o casi nada, de cómo un gobierno de coalición
concebiría el modelo territorial y, consecuentemente la cuestión catalana; de
un pacto sobre medidas a adoptar para cambiar las relaciones laborales hacía un
modelo más acorde con los derechos de los trabajadores; de la supresión de la
Ley Mordaza; de las medidas a adoptar para iniciar una transición ecológica y
energética, así como de las a adoptar sobre sus consecuencias sociales y
laborales; o del modelo de Unión Europea; etc.
El 25 de julio se dilucidaba
definitivamente si habría un gobierno de progreso, o se abrían las puertas de
nuevas elecciones con el riesgo de una desmovilización de los votantes de
izquierdas y un más que previsible retroceso electoral de Unidas Podemos debido
al lamentable espectáculo de estos dos meses y al posible efecto Errejón, y
como consecuencia de un triunfo de la derecha; o se aceptaba apoyar la
investidura de Pedro Sánchez y un gobierno de coalición siempre y cuando se
alcanzara un acuerdo programático que incluyera las garantías necesarias para
el cumplimiento del mismo, tal como votaron las bases de Izquierda Unida.
Llegado ese momento la Dirección
de Izquierda Unida adoptó la decisión de que sus diputados se abstuvieran
independientemente de lo que hiciera el resto del grupo y lo hizo, a mi juicio
con un doble propósito: por una parte no romper en Grupo Parlamentario de
Unidas Podemos con un voto a favor de la investidura, por lo que varios se
inclinaban y, por otra arrastrar a los
42 de UP a la abstención (desde el NO inicial previsto) y de esta manera dejar
abierto un sendero por el que caminar hasta septiembre.
El 25 de septiembre puso de
manifiesto la insolvencia de los dirigentes del PSOE (principales responsables)
y de Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo de mínimos para conseguir la
investidura de del candidato del primero de esas fuerzas y sus dirigentes
tienen ahora la difícil tarea de explicar, tanto a sus votantes como a sus
bases, por qué el acuerdo que presentaba el PSOE no era suficiente para apoyar
la investidura de su candidato y, lo que es aún más difícil de explicar, por
qué no era suficiente para que, por primera vez en cuarenta años hubiera en un
gobierno ministros a la izquierda de un PSOE que siempre ha querido tener al PCE y herederos
lejos del Gobierno del Estado.
La consecuencia es que todo
parece indicar, e incluso podemos asegurar, que la vía del gobierno de
coalición está cerrada definitivamente. Así las cosas ¿seguirá Podemos enrocada
en el no a Sánchez sino hay gobierno de coalición y así abrir las puertas a una
posible victoria de la derecha?
Visto este panorama Izquierda
Unida abre un camino para evitar ese nuevo proceso electoral que, no nos
engañemos, sería catastrófico para la izquierda transformadora y es el de
investir al candidato socialista en base a un acuerdo programático aún en el
caso de que no hubiera posibilidad de un gobierno de transición; así lo acordó
su Comisión Colegiada al día siguiente la fallida investidura “el Grupo
Parlamentario de Unidas Podemos debe también exigir un acuerdo en torno a las
bases programáticas establecidas en el Acuerdo de los Presupuestos Generales
del Estado de 2019, aun en el supuesto de que no existiera acuerdo para
constituir un gobierno de coalición con el PSOE, con el fin de evitar una nueva
repetición electoral”. Comunicado acerca de la investidura fallida
de julio 2019 Comisión Colegiada de Izquierda Unida – 26/07/2019
Hemos de mantener la esperanza de
que Podemos reconsidere el gran riesgo que supondría el “mantenella y no
enmendalla” así como que el PSOE no se cierre a nuevos contactos con la fuerza
a su izquierda y para ello quizá fuese bueno que ambas partes cambien a sus
negociadores. Este puede ser el último cartucho que os quede ya que la
izquierda debe mantener como única guía la defensa de los intereses de las
familias trabajadoras.
Para terminar, la misma noche del
día 25 asistí a la presentación de un libro de Felipe Alcaraz sobre Luis de
Cernuda en la cual el autor mencionó que Portugal y España eran los últimos reductos
donde se podían llevar a cabo políticas de Izquierda y que tras los últimos
acontecimientos parece que sólo queda Portugal. Esperemos que no sea así.
José Ramón Mendoza
